Viviendas de Uso Turístico y el Gobierno
En los últimos años, ha crecido de forma significativa el número de personas que ofertan su vivienda de vacaciones en una plataforma como Airbnb o Booking.
A estas personas alquilar su vivienda vacacional les supone la entrada de ingresos económicos extra y muy rentable; sin embargo, a la vez, esta actividad ha supuesto un quebradero de cabeza a vecinos, Ayuntamientos y hoteles.
Algunos de los problemas entre vecinos, que han traído la proliferación de las viviendas vacacionales:
escasez de pisos de larga temporada
la subida de los precios de estos últimos.
Hasta el momento, no existe una legislación estatal que regule esta materia y han sido los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que se han encargado de regular esta actividad. Por consiguiente, nos encontramos con normativas muy dispares que regulan esta actividad, más restrictivas o más permisivas dependiendo de la ciudad española en cuestión.
Viviendas Turísticas: El Nuevo Gobierno interviene:
Parece que el nuevo Gobierno quiere tomar cartas en el asunto. En los últimos días han sido muchas las noticias publicadas en los periódicos al respecto.
Reformas:
- El ejecutivo plantea por un lado, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos con el fin de acotar el arrendamiento de temporada, y por otro, modificar la Ley de Propiedad Horizontal. Así se reducirá la mayoría necesaria para la toma de decisiones en el seno de la comunidad de propietarios. Y así, se podría modificar los estatutos de la misma con menos votos. Se está estudiando a cuánto se podría rebajar esta mayoría; pero todo parece indicar que podrían ser tres quintos de las votaciones. De esta forma, los vecinos podrían prohibir de forma más sencilla los pisos turísticos en su edificio.
- Otra propuesta por parte del ejecutivo, consiste en que se establezca una definición única de vivienda de uso turístico. Asimismo, también se plantea la creación de un único registro estatal de ese tipo de alojamiento a fin de controlarlo. La idea de este registro es proporcionar seguridad jurídica tanto al dueño como a las personas que alquilan.
Eso sí, el Gobierno ha asegurado que la regulación de las viviendas de uso turístico es una cuestión muy compleja jurídicamente, ya que intervienen competencias de ayuntamientos, comunidades autónomas, Consejos Insulares y del estado. El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla está solicitando al Gobierno que acelere la reforma legislativa. Así las comunidades podrán prohibir el alquiler turístico a través del sistema de mayorías, y no por unanimidad.
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